¿Qué pasa(ó) con las cuotas sin interés?

A partir de la resolución 51/2017 la Secretaría de Comercio estableció el 1ero de febrero del corriente año que los locales y comercios debían diferenciar el precio de contado de aquellos que se abonaban en cuotas.

La medida, conocida como el fin de las “cuotas sin interés”,  generó diversas polémicas y un debate acerca de los potenciales efectos sobre los precios, el consumo y la redistribución del ingreso. Según los argumentos oficiales se buscaba transparentar los verdaderos costos de cada bien de acuerdo a su medio de pago y también generar una disminución de los precios al contado.

Cuando uno abona en diversas cuotas lo que está haciendo, en pocas palabras, es pagar con dinero de mañana algo que se puede obtener hoy. En contextos inflacionarios, donde los niveles generales de precios aumentan mes a mes, el dinero deja de valor lo mismo a medida que pasa el tiempo, por lo que si uno logra abonar el precio de un bien en, por ejemplo, 18 cuotas sin interés, se podría estar haciendo un buen negocio, puesto que terminaríamos de abonar el precio de un producto un año y medio después de la compra, cuando seguramente ya exista una significativa diferencia de precios (suponiendo también que hay paritarias y se logran acuerdos de aumentos salariales, supuesto ¿razonable?).

En Argentina, cuando un comercio ofrecía pagos con tarjetas de crédito tenía que pagarle una comisión (3%) por la venta a las compañías bancarias y si el pago era en cuotas entonces debía abonar un costo adicional por el financiamiento. Esa tasa podía ser una acordada por algún tipo de convenio o también subsidiada, como sucede con los planes Ahora 12 o Ahora 18.

El comerciante tenía, a priori, dos opciones: podía optar por subir el precio cuando vendía en cuotas (aumentarlo lo que le salía el costo adicional de financiamiento trasladándolo al consumidor) o afrontar el precio financiero, como medida de promoción de ventas por ejemplo, reduciendo su margen de ganancia pero evitando subir el precio.

En el primer caso debíamos observar que los precios diferían según el tipo de financiamiento que optáramos por emplear, es decir, se trasladaba en cada caso el costo que correspondía y el vendedor ofrecía un nuevo medio de pago sin perder margen de rentabilidad; en la segunda alternativa, por otra parte, debíamos ver que el precio era uno solo para cada bien, independientemente del medio de pago, con el comerciante obteniendo una menor rentabilidad cuando vendía en cuotas que cuando lo hacía al contado.

No obstante, se argumentó que lo que más se elegía era una tercera opción: aumentar el precio de todos los productos (sin importar qué medio de pago se eligiera) en una cuantía que permitiera financiar el costo bancario y con un incremento menor de los precios en cuotas en relación a si se hubiera escogido la primera alternativa. En otras palabras, se estimaba aproximadamente cuánto se vendía por cada medio de pago y se promediaba un aumento de precios general. Así, el precio cuando se pagaba en efectivo habría sido aumentado porque se ofrecían cuotas sin interés.

Lo importante es que el precio al contado a veces podía estar inflado, dada la primera o tercera opción, o no. Pero no era para nada claro que sucediera lo mismo en todos los casos. Se tenía que suponer un determinado comportamiento para implementar la medida.

Se argumentaba, además, que al estar beneficiando a los que compraban con tarjetas de crédito, se estaba generando una especie de subsidio para personas de mayor ingreso (se asociaba tenencia de tarjeta de crédito a mejor nivel económico), lo cual tiene un sentido.

Supuestamente, cuando entrara en vigencia el programa Precios Transparentes (así se llamó a la medida), los precios al contado iban a bajar, puesto que en teoría ahora cada bien iba a valer lo que correspondiera según el medio de pago y, puesto que la tercera opción era la más buscada, supuestamente al acomodarse los precios aquel precio al contado inflado iba a bajar.

Hace pocos días, el programa Precios Transparentes cambió y dio marcha atrás. Al parecer, la segunda opción, la del comerciante absorbiendo los costos evitando trasladar al precio final, era más elegida de lo que se creía y los precios no bajaron como se esperaba. Además, muchos comerciantes se quedaron sin la opción de absorber el costo financiero como forma de incentivo al consumo en meses de recesión. Pero esto fue lo menos grave, ya que encima, dado que algunos precios en 12 cuotas pasaron a tener un valor 40% superior a pagarlo al contado, las ventas se desplomaron.

Por otra parte, ¿era necesario?

Desde ya que el objetivo de una caída de precios en algunos productos en un contexto inflacionario (que no parece ser al final tan sencillo de controlar) es interesante y legítimo, ¿pero lo sigue siendo si se le inhabilita una forma de financiación al asalariado para la adquisición de electrodomésticos, por ejemplo?

Si uno observara que solo el 0,5% de la población tiene acceso a medios de pagos en cuotas tal vez sí sea importante asegurarse que el precio al contado no esté inflado, puesto que no queremos sumarles costos a aquellos de menores ingresos. Pero, si buscamos información provista por el Banco Central (BCRA) podemos observar que para diciembre del 2016 hay registradas 4,6 millones de titulares de tarjetas de crédito y más de 6 millones de tarjetas (el plástico), lo cual implica que una gran cantidad de trabajadores tienen ese tipo de financiamiento.

En definitiva, lo que dejan estos dos meses de discusión acerca del costo financiero, el precio implícito, el comportamiento de los comerciantes y el uso de supuestos para predecir la evolución de variables se puede resumir en una imagen: una lenta tortuga escapándose.

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